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Entrega irregular de Viviendas: el IPV será querellante en la causa por asociación ilícita

11 noviembre, 2016
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Ayer se desarrolló en los tribunales penales del barrio Roca la audiencia de constitución de querellante en la causa que tiene como coimputados a Abel Reyna, Darío Acosta, Amilda Caro, Claudia Leonori, Fabiana Oñieva, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Alejo Recalde, y en la que se investiga la entrega irregular de viviendas en Comodoro Rivadavia entre diciembre de 2011 y octubre de 2014.

En la audiencia se analizó un escrito presentado por parte del Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Alejandro Bertolini, solicitando constituirse como parte querellante en la causa. El funcionario de fiscalía prestó su conformidad; en tanto que los defensores se opusieron a ello al entender que “no se cumplían los requisitos legales”. Finalmente, la jueza penal resolvió admitir la constitución como parte querellante al IPVyDU, otorgándole tres días para que rectifique el escrito, individualizando las personas que querella.

La jueza penal, Mariel Suarez, resolvió realizando un análisis interpretativo de la norma, es decir la ley que regula las facultades de Fiscalía de Estado para actuar en procesos que se vea afectado el patrimonio del Estado provincial; y la ley de origen del IPVyDU como una entidad con autarquía funcional y económica. Dicha ley “faculta al Directorio a representar al IPVyDU en juicio, sostuvo la jueza”. El IPVyDU puede presentarse como parte querellante. Asimismo, sostuvo que en el escrito presentado por el IPVyDU no está claro a quienes se autoriza a querellar por lo cual otorgó un plazo de tres días para que sea reformulado. Admitiendo al IPVyDU como parte querellante en la causa.

Entrega irregular de viviendas:

El hecho a investigar se produce cuando los imputados: Abel Reyna, Darío Acosta, Amilda Caro, Claudia Leonori, Fabiana Oñieva, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Alejo Recalde, entre diciembre de 2011 y octubre de 2014, tomaron parte en montar una estructura para adjudicar de manera ilegal a personas que no reunían los requisitos y allegados viviendas del IPVyDU. Asimismo, obtenían de los adjudicados beneficios patrimoniales, específicamente nombró la asignación de las 81 viviendas del barro Ciudadela. Realizaban a discreción una selección irregular de ciudadanos para consumar ilícitos. Reyna formaba parte de la banda en calidad de jefe y omitió cumplir con sus deberes de funcionario público y demás leyes que regulan la adjudicación o pre adjudicación de viviendas en el Instituto Provincial de la Vivienda local. Asimismo, Acosta colaboró como organizador y coordinó con Reyna tareas con otros integrantes del IPVyDU local destinadas a adjudicar viviendas a personas que no reunían los requisitos para ello.

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