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Imputan a Mauricio Macri y Oscar Aguad por el acuerdo del Correo Argentino

15 febrero, 2017
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El fiscal Juan Pedro Zoni investiga al presidente y al ministro de Telecomunicaciones por el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri.

El presidente Mauricio Macri fue imputado penalmente por el fiscal Juan Pedro Zoni en el marco del acuerdo que el Estado nacional alcanzó con el grupo SOCMA (cabeza del Grupo Macri) por la deuda del Correo Argentino. También solicitó la misma medida para Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, y Juan Carlos Mocoroa, y director de Asuntos Jurídicos del mismo ministerio.

Según el requerimiento difundido por el Ministerio Público Fiscal, Zoni impulsó la acción penal ante el juez Ariel Lijo, a quien también le pidió las primeras medidas de prueba para investigar el acuerdo que tanta polémica generó en la última semana.

La imputación deriva de dos denuncias penales que llegaron a los tribunales de Comodoro Py. Una fue presentada por los kirchneristas Martín Sabbatella y Gabriela Cerrutti, y la otra, por un abogado particular. Tal como se explica en el dictamen del fiscal, ambas acusaciones están dirigidas a que «se habrían cometido conductas delictivas en torno al concurso preventivo de la empresa ‘Correo Argentino S.A.’, en relación a la deuda que la misma tiene con el Estado Nacional».

Además de Macri, Aguad y Mocoroa, el fiscal Zoni -a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 8- no descartó imputar a otras actores. «Sin perjuicio que con el avance de la investigación se individualicen a otras personas como partícipes de los hecho investigados», señala.

Al mismo tiempo, Zoni hizo hincapié en que las dos denuncias que derivaron en las imputaciones también tienen una similitud al dictamen presentado la semana pasada por la fiscal general Gabriela Boquín. En aquel escrito -que desató la polémica-, se estimaba que el beneficio que recibiría el Grupo Macri por la condonación de la deuda llegaría a los $70 mil millones,considerado por ella como «abusivo».

Según el plan, la empresa se comprometió a pagar en 15 cuotas anuales (desde 2018 hasta 2033) y con un interés del 7 por ciento, solo sobre el capital de la deuda, y las partes destacaron que se trataba del pago de 600 millones de pesos, más del doble de la suma inicial de casi 300 millones (a 2001).

Pero la fiscal Boquín sostuvo que ese convenio implicaba una quita del 98,2 por ciento porque no regían los intereses y que era abusivo porque, a criterio del área financiera de la Procuración (DAFI), para 2033 provocaría un perjuicio en el Estado de 70.163 millones de pesos. Y denunció mala fe procesal porque días antes Correo Argentino inició una demanda al Estado reclamando por daños y perjuicios, por un interés más alto que el que estaba dispuesto a pagar en el concurso preventivo.

«Corresponde investigar el cambio de estrategia de defensa del Estado Nacional en el marco del trámite del Concurso Preventivo, mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal, la cual a su vez se materializó a través de la intervención de un funcionario que carecería de competencia para ello y designado con carácter transitorio», señala el fiscal, en torno a Mocoroa.

Sobre el director de Asuntos Legales del ministerio de Comunicación, señala: «Resulta pertinente destacar que dicho funcionario –Dr. Mocoroa- desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario –de forma directa o indirecta- de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto por aquél».

Esta medida judicial se da horas después de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reclamara en conferencia de prensa una audiencia de carácter «urgente» con la Cámara Federal para abordar el convenio que realizó el Estado con el Grupo Macri.

Además, adelantó que el Estado le solicitará a la Auditoría General de la Nación (AGN) un “documento técnico” sobre un acuerdo integral donde se sume las demandas de los acreedores y la ex empresa concesionaria -SOCMA-.

Al respecto, Peña aseguró: «Para evitar cualquier tipo de dudas sobre la posibilidad de conflicto de intereses, que nosotros no creemos que haya existido, el Estado le solicitará a la AGN que dé un veredicto técnico antes de suscribir una postura definitiva«.

Además de la denuncia que derivó en la imputación de Macri y los otros funcionarios, hay más acusaciones que están en tribunales a la espera de una decisión judicial. Una de ellas provino del kirchnerismo y recayó en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral. Mientras que otra fue presentada por la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), y se encuentra en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi.

Fuente: Clarín

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