Fallo absuelve a dirigentes mapuches y reclama a la justicia que incorpore la “Perspectiva Indígena”

19 marzo, 2019
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La jueza de Esquel, Carina Paola Estefanía, diálogo en exclusiva con La CienPunto y se refirió al fallo que absolvió a los integrantes del Pu Lof en Resistencia Cushamen acusados de los delitos de usurpación y abigeato. La medida que se conoció ayer benefició a Francisco Facundo Jones Huala, Andrea Yanina Millañanco, Fernando Eloy Jones Huala, Matias Daniel Santana, Rodrigo Ezequiel Jaramillo, Sergio Leonardo Ruiz Huenchupan y Luis Alberto Cayutur. Los hechos investigados ocurrieron en marzo de 2015 y mayo de 2016. En el mismo fallo, Nicolás Hernández Huala, fue declarado responsable del delito de tenencia de arma de fuego.

En primera instancia, la jueza Estefanía, enmarcó los acontecimientos que se expusieron durante el juicio que presidió «habían existido un par de hechos anteriores, con un par de incendios, esto fue en el mes de diciembre del 2014, pocos meses después aparece la toma del predio de la estancia Compañías del Sur y empieza la investigación madre de las causas penales, se derivaron hechos de dominio público”.
El hecho comienza el 13 de marzo del 2015 el día que un grupo de personas que se identifican como de la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen, ingresan a este predio y a partir de ahí comienza la investigación penal”, narró la jueza. Estefanía explicó que “las personas ingresaron al lugar con el rostro cubierto y se negaban a identificarse con el personal policial, al otro día se intentó realizar un allanamiento para identificar a las personas y la policía de Chubut no cumplió con eso”.
La magistrada se refirió al fracaso de la segunda medida dictada desde el poder judicial “en agosto hubo un primer allanamiento que también fracasó y en el segundo allanamiento parte del personal policial no llegó, el del año 2015 se suspende antes. Para mí fui inminente lo qué pasó en Mayo, si la policía hubiera cumplido, hubiéramos tenido en claro quiénes eran las personas«.

EL ESTADO NO ESTUVO A LA ALTURA Y PUDO HABERLO EVITADO
La magistrada señaló la responsabilidad del Estado ya que “cuando aparecen reclamos de los pueblos originarios no podemos desconocer cuales son los tratados internacionales que ha suscripto nuestro país. No son hechos que deben ser atendidos como otro delito, tienen particularidades que los funcionarios públicos debemos conocer y estar capacitados. A partir de ese hecho, empezó a tener una cantidad de desaciertos donde el Estado no estuvo a la altura«.
Cuando hablo del Estado, hablo de los funcionarios que trabajan en los organismos que corresponden y que están obligados a darle la solución que corresponde. El Estado podría haber canalizado la solución del conflicto. Si el estado hubiera cumplido con su deber en el allanamiento de 2015, lo que sucedió después (incluso la muerte de Santiago Maldonado) se podría haber evitado. En los allanamientos el uso de la fuerza no fue proporcional ni razonable a lo que se estaba realizando”, amplió.

CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS
En ese marco, la magistrada analizó la política expansionista y de distribución de territorio conocida como “La Campaña del Desierto” que facilitó la sistemática violación de los derechos humanos más elementales de personas sólo por su condición de indígenas en la década del 70 y como sus alcances aún se sostienen en la actualidad. «No había una guerra con los pueblos originarios, el Estado Argentino encaró una guerra, para mí fue un etnocidio. Es en nuestra sociedad donde se mantienen estos estereotipos y hay funcionarios que comparten estos estereotipos«. En base a eso, propuso que los funcionarios públicos “debemos capacitarnos para tener perspectiva indígena, no podemos desconocer la historia de los pueblos originarios. No hay una resistencia, hay al menos una falta de interés re profundizar los conocimientos de los pueblos originarios”.

MESA DE DIÁLOGO
La Jueza, además estableció en su fallo la conformación de una mesa de diálogo a cargo del Poder Ejecutivo Provincial y con participación del INAI y el Consejo Consultivo Indígena con el propósito de acordar las medidas conducentes para dar solución al conflicto suscitado. Además, estableció un plazo de noventa días corridos a partir de la notificación para que esta se constituyera. «Voy a estar muy atenta que la mesa de diálogo se conforme y se llegue a una solución, es un mecanismo que beneficia a todosHay que garantizar un diálogo con todos los actores y la resolución que se adopte sea de un consenso igualitario. Queremos que se cumpla ese diálogo y no sea solo un deseo, que se armen actividades concretas, los pueblos originarios de Chubut merecen reconocimiento. Hay mucho para hacer«, subrayó.

IRREGULARIDADES
«Entiendo que hubo mal desempeño y será el Consejo de la Magistratura el que deberá analizarlo. También hubo exceso u omisión por parte del personal policial sobre los deberes a cumplir«, señaló en referencia a la actuación e investigación por parte de funcionarios del Ministerio Público Fiscal de nuestra provincia, la Justicia Federal y la Policia de Chubut.

APELAR LA DECISIÓN
«Tanto el ministerio público fiscal como la querella tienen el recurso extraordinario para recurrir esta sentencia absolutoria, tienen 10 días hábiles para anteponer el recurso extraordinario«, respondió la jueza Estefanía sobre la posibilidad de apelar el fallo.

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